Preguntad al pueblo

El domingo los suizos votaban una propuesta para introducir una renta mensual de 2.500 francos suizos (alrededor de 2.250 euros) para cada adulto y 625 francos para los menores de 18 años. Una iniciativa impulsada por Daniel Haeni y Enno Schmidt, que pretendía reducir la diferencias entre ricos y pobres, promover la dignidad humana y potenciar los servicios públicos en un momento de creciente automatización. Un debate que en Euskadi algunas voces compararon con la Renta de Garantía de Ingresos —esa ayuda que pueden cobrar las personas que no disponen de recursos o son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas— tan proclive a la picaresca. Ningún partido político apoyó abiertamente la iniciativa, y menos aún el Gobierno suizo: de haberse aprobado habría requerido 22.000 millones de euros adicionales al año. El 77% de los votantes rechazó la propuesta, un resultado positivo en opinión de sus promotores, ya que suponía dar a conocer el concepto de ingreso mínimo universal —en Finlandia ya se estudian planes similares— y había obtenido un inesperado 22% de apoyo.

Al mismo tiempo, en una treintena de ayuntamientos de Euskadi —casi en su totalidad guipuzcoanos— la plataforma Gure Esku Dago promovía una consulta no vinculante en favor de un Estado vasco soberano. Una consulta que dejaba clara dos cosas: que estaba dirigida a un entorno muy particular proclive al llamado derecho a decidir—que el 95% de los votos fuesen afirmativos así lo demuestra— y que el resto de la población no está por el momento interesado en dichas inquietudes —votó alrededor de un 30% del censo, y en Mondragón, la localidad con mayor población entre las participantes, ni siquiera un 24%—. Se trataba de dar visibilidad a un tema que necesita estar en el centro del debate para que no se diluya en el maremágnum de otras elecciones.

También en este caso ha habido interpretaciones más allá de las estadísticas. El diario Gara, por ejemplo, apuntaba en su portada de hoy que el apoyo al Estado vasco había contado en esas mismas localidades con 10.000 votos más que el dado a la Constitución española en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Un curioso punto de vista, sin duda, que me recuerda que en 2013, el Gobierno vasco en boca de Iñigo Urkullu presentó dentro de su programa de legislatura —doscientas páginas con seiscientas medidas para salir de la crisis y asentar la paz— la necesidad de un nuevo estatus político para Euskadi que se expresaría a través de un referéndum en 2015. No sé si se adoptaron todas las medidas propuestas, pero una de ellas parece haber sido relegada al olvido. Quizás porque aún no estamos preparados para un referéndum por la independencia. Para ganarlo, quiero decir: el último Euskobarómetro ya apuntaba que el independentismo sólo arraigaba en el 24% de los vascos.

Nunca está de más preguntar a la población, incluso aunque sepamos que podemos perder en la pregunta. Supone un punto de reflexión necesario para escapar del ruido mediático de quienes siguen anclados en el pasado. De quienes se escudan en la ley, en la tradición o en la política. Tres pilares en constante cambio. Ya lo apuntaba Groucho Marx: «Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros».