Mordazas

A los poderes económicos y políticos les molesta el periodismo, aunque digan que lo impulsan a través de voceros adictos a los premios o tertulianos sordos que gritan para no oír sus propias mentiras. Los políticos han decretado leyes mordaza en países llamados democráticos mientras acusan a otros de atentar contra la libertad de prensa o de expresión. Quizás no maten a periodistas pero sí les llevan a la cárcel acusándoles de conspirar contra la seguridad nacional o les multan por hacer bien su trabajo si fotografían a las fuerzas de seguridad dando estopa en una manifestación. «Los periodistas son terroristas de la palabra», gritaba un dirigente nazi mientras obligaba a que el pueblo escuchase su propaganda. Quizás sea verídica esa cita atribuida a George Orwell para quien el periodismo consistía en «publicar algo que molesta a alguien. Todo lo demás es relaciones públicas». Quedan ya pocos buenos periodistas —los hay, sin duda—, a cambio se han multiplicado las agencias de prensa. Los becarios escuchan al presidente desde una pantalla de plasma en vez de dejar que hable a un vacío de desdén; los plumillas no se levantan de una rueda de prensa sin derecho a preguntas para que el orador de turno comprenda su soledad; los periodistas en occidente garabatean las mentiras de otros sin contrastarlas y titulan en los diarios frases como Fulano critica a tal, Mengano acusa a cual, o Zutano anuncia que ya hará lo que ya dijo que iba a hacer. Pero no seamos fatalistas: el periodismo existe, ese periodismo de investigación ajeno a las ideologías que encumbrara a Woodward y Berstein. Ese periodismo que se ha topado a lo largo de la historia con el pulso del poder y que lo ha llevado a ser temido, odiado, vilipendiado y, lo que es peor, asesinado. Pero el buen periodismo se sigue demostrando diario en noticias como las extraídas, por ejemplo, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a partir de los documentos del despacho panameño Mossack Fonseca. Pero cuidado. Tal como está el percal puede que en breve cualesquiera de los periodistas que han participado en estas investigaciones se vean envueltos en denuncias que les lleven a la cárcel. Sólo hay que echar la vista atrás.

En 2010 se hicieron públicos miles de documentos de la diplomacia norteamericana durante la época de la guerra de Afganistán e Irak: el llamado caso WikiLeaks. La persona que reveló estos documentos, Chelsea Manning, fue condenada a 35 años de cárcel, mientras que el fundador y director de Wikileaks, Julian Assange, lleva años escondido en la embajada de Ecuador en Londres (por un más que sospechoso caso de violación y acoso sexual). En 2013 se descubrió que la Agencia de Seguridad Norteamericana (NSA) había estado espiando sin ningún pudor a políticos, empresarios, en fin, a todo aquel que tuviese algo de poder. Los documentos, calificados como de alto secreto y revelados a The Guardian y The Washington Post por Edward Snowden, provocaron que éste tuviera que huir a Rusia para no ser acusado de traidor a su país. Un año después, salió a la luz que Luxemburgo había firmado ciertos de acuerdos secretos con empresas (Pepsi, Ikea, AIG, Fiat, Amazon, JP Morgan, Heinz, Burberry, PIMCO o Deutsche Bank), para rebajar sus impuestos. El escándalo, conocido como LuxLeaks, y revelado por el citado ICIJ afectaba directamente al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ministro de Finanzas en la época en que se firmaron los acuerdos. Qué ha pasado: pues que los antiguos empleados de la auditora PwC, Antoine Deltour y Raphaël Halet, y el periodista francés Edouard Perrin están siendo juzgados por revelar los acuerdos comerciales secretos. Más casos: en 2015 se reveló el enorme fraude fiscal cometido por parte del segundo mayor banco mundial, el HSBC, que favorecía a algunos de sus clientes más ricos, entre los que se encontraban  narcotraficantes y grupos ligados al terrorismo yihadista. La conocida como lista Falciani hizo que éste fuera condenado a cinco años de cárcel. Parece incluso que el Parlamento Europeo va a ampliar el concepto de «secretos de negocios» para hacer aún más difícil el acceso a la información cuando se trate de acuerdos fiscales secretos con las multinacionales. Como es sabido, la información es poder, y es fundamental limitar su acceso. Por el bien común, claro está.